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Incongruencias en el Presupuesto para el 2018

Mientras los diputados del PAN calificaron de incongruente los aumentos en algunos rubros del presupuesto 2018, los legisladores de Nueva Alianza pidieron la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas para que explique los criterios tomados en cuenta para la asignación de recursos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras la representante del  PRI, se pronunció porque se revisaran las reformas que el Congreso ha aprobado que determinan la creación de más infraestructura.

Durante la sesión, los legisladores de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, acordaron realizaron un calendario de los temas específicos para analizar, discutir y en su caso aprobar, el presupuesto del Estado, ante la diferencia marcada entre los recursos asignados a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde en algunos rubros  no tienen congruencia mientras que en otros aparentemente el aumento no está justificado.

Los diputados del PAN, Raúl Paz Alonzo y Elías Lixa Abimerhi, calificaron como una desproporción en los números presentados en el cuadro comparativo, donde al IEPAC se asigna un aumento de más del 68 por ciento mientras al Poder Judicial de sólo el 8 por ciento, cuando ambos tendrán una carga de trabajo por el proceso electoral del 2018.

Sin embargo, repararon en que la Secretaría del Trabajo tendría un incremento presupuestal de  más del 7 por ciento, cuando esta dependencia dejará de tener a su cargo las Juntas de Conciliación y Arbitraje para pasar al Poder Judicial, o el caso de la Junta de Electrificación que se le considera un aumento del más del 200 por ciento.

Otro caso es que al IVEY, que coadyuva con uno de los factores para el combate a la pobreza, se le disminuye en casi un 20 por ciento su presupuesto, a la Secretaría de Fomento Económico también sufriría una disminución de recursos de más del 20 por ciento o el caso del Instituto de Educación para los Adultos con una baja de casi el 10 por ciento, entre muchos otros.

En el caso de la Fiscalía General del Estado tendría un aumento de casi el 15 por ciento, sin especificar si estos recursos incluyen la creación de más infraestructura con la aprobación de la Vicefiscalía Anticorrupción y del Comité Ciudadano, aunque en contraste ya no tendría bajo su regulación y operación las empresas de vigilancia, facultad que pasaría a la Secretaría de Seguridad Pública.

Por su parte la diputada Celia Rivas Rodríguez, pidió se tomara en cuentas las reformas que  el propio Congreso ha aprobado, donde se han creado nuevas instancias que ameritan recursos para su operación como el Centro de Atención a Víctimas, aunque ponderó en que la Secretaría de Finanzas puntualice cuáles impactan en el presupuesto.

En principio criticó el hecho de que el presupuesto de los poderes Judicial y Legislativo estuvieron juntos, teniendo el primero una alza de más del 8 por ciento, mientras que al Legislativo fue menor de lo que habían aprobado los diputados.

El diputado independiente (ex perredista), David Barrera Zavala, se sumó a la propuesta del análisis pormenorizado del presupuesto, porque en el tema del Indemaya (tema indígena), no se ha concretado el registro por la falta de recursos.

En tanto el legislador de Nueva Alianza, Marbellino Burgos Narváez, pidió una reunión o comparecencia de la Secretaría de Finanzas para pueda dar una explicación detallada del criterio que se tomó en cuenta para plantear el presupuesto que se analiza.

Asimismo, por unanimidad, los diputados aprobaron los dictámenes de la leyes de Ingresos de 86 municipios del Estado, la reforma a la leyes de hacienda de los municipios de Kinchil, Valladolid y Muna.

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